Jueza de Facto: Mercedes Noemí Riera

En una artimaña espuria judicial, Mercedes Noemí Riera de 71 años podrá seguir ocupando su cargo gracias a un fallo de dos juezas que ahora fueron denunciadas por el abogado Paulo Pereyra, quien las consideró «cómplices primarias» de «usurpación de autoridad».

El abogado Paulo Pereyra, quien el 1 de agosto denunció a la presidente de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de Resistencia, Mercedes Noemí Riera, por el supuesto delito de «usurpación de autoridad»  al permanecer en su cargo a pesar de tener más de 70 años, ahora accionó penalmente contra las juezas Gloria Silva y Dolly Roxana De Los Ángeles Fernández por el fallo que ambas firmaron y que permitió que Riera continúe en su cargo.

Para Pereyra, el fallo de las dos magistradas  se encuadra en el delito de «prevaricato» y tanto Silva como Fernández son «coautoras». El abogado planteó en su escrito que serían «cómplices primarias» de la «usurpación de autoridad» que -a su criterio- ejerce Mercedes Noemí Riera de 71 años. 
La denuncia por prevaricato plantea que el pasado 22 de agosto la Sala Segunda de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, en voto dividido, hizo lugar a un amparo en favor de la jueza Riera al declarar «inconvencional» un artículo de la ley que reglamenta el nombramiento de jueces.

En ese sentido, el abogado cuestiona con dureza el accionar judicial: «La camarista continúa ocupando de facto tal cargo a pesar de contar con 71 años de edad y sin rendir un nuevo concurso «como manda La Ley» (Ley de Leyes: la Constitución), ello a través de la venia ilegal lograda a través de la utilización del sistema judicial para intereses ajenos a lo establecido por la Constitución Provincial y Nacional. En el caso: sus pares camaristas Gloria Silva y Dolly Fernández».

La «complicidad primaria», es apoyada en la denuncia por la Sentencia N°132 de Silva y Fernández ya que «prestaron -y prestan- un auxilio sin el cual el delito de delito de «usurpación de autoridad», que tiene como autora a la camarista Riera, no seguiría en pleno curso de ejecución», advierte el escrito
Ese fallo –»auxilio a la jueza de facto», para Pereyra- provocó la denuncia por la presunta co-autoría en el delito de «prevaricato». «Abusando claro, de la función jurisdiccional para desvirtuar y contrariar el sentido de la ley madre local», señala la denuncia penal. 

«Reviste una gravedad institucional sin precedentes, ya que crea una inseguridad jurídica que mueve los cimientos del Estado de Derecho en nuestra provincia -con réplicas que dan cuenta de un pronóstico desolador a niveles jurídicos y sociales-. Ya no podemos confiar ni siquiera en la letra de la Constitución, porque los encargados de velar por su cumplimiento podrían darle la interpretación que mejor le parezca de acuerdo a los intereses del momento , los cuales, como en el hecho que dan lugar a la presente denuncia, no concuerdan con el de nuestro sistema democrático y republicano», advirtió el denunciante. 

En la misma sintonía, el abogado consideró que la decisión judicial «crea una Constitución paralela (que viola la vigente) de acuerdo a sus propios antojos e intereses (que deben ser exhaustivamente investigados)».  

Qué establece el artículo 269 del Código Penal? Reprime al «juez que dictare resoluciones contrarias a la ley expresa invocada por las partes o por el mismo o citare, para fundarlas, hechos o resoluciones falsas (…)».

«La decisión a la que arribaron las denunciadas en su dicha Sentencia, se basa en fundamentos e interpretaciones totalmente alejadas de lo que dicta la norma, aplicando incluso principios actuales en materia de Derechos Humanos sin ningún tipo de concatenación con los hechos reales. Y «la ley» invocada por las partes -incluso por el voto de la mayoría, pero con un sentido antojadizo-, es la Constitución Provincial y la ley que reglamenta su ejercicio», concluyó Pereyra. 

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